PP y VOX presentan una moción conjunta contra la regularización masiva de inmigrantes.
Denunciando el estrés al que el Gobierno de la nación está sometiendo a las instituciones y al menoscabo de los servicios básicos que recibe la ciudadanía.
Los portavoces de los grupos municipales del Partido Popular y VOX en el Ayuntamiento de Hellín han registrado una moción conjunta para su debate y aprobación, si procede, en el pleno ordinario del mes de mayo. En el documento muestran su rechazo a la política migratoria impulsada por el Gobierno a través de la regularización extraordinaria contemplada en el Real Decreto 316/2026.
Ambas formaciones consideran que esta medida supone una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular “sin planificación suficiente, sin consenso político y sin dotación económica adecuada para las administraciones territoriales”, trasladando además a los ayuntamientos una carga administrativa y asistencial que no les corresponde asumir. PP y VOX alegan que presentan esta propuesta por respeto a la legalidad y la defensa de unos servicios públicos sostenibles y adaptados a la capacidad real de integración del municipio hellinero.
En su moción ambos grupos alertan que la entrada en vigor de esta normativa está generando una fuerte presión sobre los servicios municipales, especialmente en áreas como servicios sociales, el empadronamiento y la atención administrativa, lo que inevitablemente está poniendo en riesgo la correcta prestación de servicios básicos a los vecinos.
Ambos grupos denuncian que el Gobierno central ha actuado “de espaldas al debate parlamentario y sin coordinación suficiente con comunidades autónomas y entidades locales”, sin tener en consideración el impacto económico, social y organizativo que una medida de estas características está teniendo en municipios como Hellín.
Entre los acuerdos recogidos en la moción, ambos grupos solicitan la derogación del Real Decreto 316/2026 y reclaman que cualquier modificación en materia de extranjería se tramite mediante ley en las Cortes Generales, garantizando el debate institucional y la participación de las administraciones afectadas.
Asimismo, la iniciativa insta al Gobierno de España a reforzar el control de la inmigración irregular, agilizar los mecanismos de retorno de quienes permanezcan ilegalmente en territorio nacional y desarrollar una política migratoria “ordenada, vinculada al empleo, la integración y la sostenibilidad del Estado del bienestar”. La moción también defiende que cualquier procedimiento extraordinario de regularización debe realizarse de forma individualizada, con mecanismos rigurosos de control documental y acreditación efectiva de identidad, arraigo y cumplimiento de requisitos legales.
Del mismo modo, PP y VOX exigen financiación específica para los ayuntamientos y comunidades autónomas, advirtiendo de que “ningún municipio puede asumir por sí solo las consecuencias derivadas de decisiones estatales de esta magnitud sin recursos suficientes y una adecuada coordinación institucional”.
Nota de prensa.
